La huelga no nació ayer: salarios, derechos y contexto
político en la Universidad de Sonora
El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de
Sonora (STAUS) se encuentra en una huelga constitucional respaldada por el
contenido del artículo 123, fracción XVIII, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Las propuestas de solución presentadas hasta ahora han sido
mínimas, bajo el argumento de que únicamente se dispone del presupuesto federal
asignado por la Cámara de Diputados en octubre de 2025.
Lo anterior se corresponde con una práctica añeja que
consiste en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público propone incrementos
salariales para el año siguiente con base en la inflación técnicamente estimada
por dicha dependencia.
Sin embargo, con frecuencia esas proyecciones resultan
insuficientes para anticipar fenómenos de gran impacto, incluidos
acontecimientos geopolíticos y sanitarios de alcance internacional, como la
guerra en Ucrania, la pandemia de Covid-19 o los conflictos actualmente
presentes en distintas regiones del mundo.
Como consecuencia de esta falta de previsión, la inflación
real suele ser superior a la proyectada. Esto ha tenido efectos acumulativos
sobre el ingreso de los trabajadores universitarios. En los últimos diez años,
el personal académico ha perdido aproximadamente el 10 % de su poder
adquisitivo y, si se toma como referencia el año de 1990, la pérdida acumulada
alcanza alrededor del 40 %.
Dicho en términos sencillos, si en 1990 un ingreso permitía
adquirir bienes y servicios por un valor equivalente a 100 pesos, hoy ese mismo
ingreso sólo conserva una capacidad de compra cercana a 60 pesos. De manera
similar, si en 2015 un ingreso permitía adquirir bienes y servicios por un
valor equivalente a mil pesos, actualmente sólo permite adquirir alrededor de
900 pesos.
Todo ello repercute en la calidad de vida de los
trabajadores universitarios, pero también impacta en la economía local. El
poder adquisitivo perdido se traduce en menor consumo de bienes y servicios,
afectando a comercios, prestadores de servicios, restaurantes, librerías,
papelerías y numerosos negocios que forman parte del entorno económico de la
universidad.
En este sentido, la huelga del STAUS no constituye
únicamente una demanda de recuperación salarial; también es una forma de
protesta frente a una política que ha erosionado de manera sostenida el poder
adquisitivo del personal académico.
Las propuestas provenientes de la autoridad universitaria
han sido esencialmente tres, y se dispone de un análisis comparativo de ellas
en la Delegación de Física del STAUS.
Dicha delegación ha dedicado un esfuerzo considerable al
análisis detallado de la que en los últimos días se presenta como una nueva
propuesta. Sin duda, esos detalles son importantes. De hecho, la experiencia
demuestra que precisamente a través de cambios graduales, aparentemente
menores, fueron modificándose, oscureciéndose o condicionándose derechos que
estaban claramente establecidos en los primeros contratos colectivos de trabajo
suscritos por el sindicato.
Por ello, resulta pertinente revisar con atención la
evolución histórica de dichos contratos. En particular, llama la atención que
el Contrato Colectivo de Trabajo de 1985, el primero firmado por el STAUS, ya
no se encuentre disponible para consulta pública.
Ese documento debería constituir una referencia obligada
para evaluar cuánto se ha avanzado y cuánto se ha retrocedido en materia de
derechos laborales. Durante algún tiempo estuvo accesible, pero posteriormente
fue retirado. Sería pertinente conocer las razones de esa decisión, pues los
documentos fundacionales permiten comprender con claridad el origen y la
evolución de muchos de los derechos que hoy se encuentran en discusión.
Sin embargo, además del análisis técnico de las propuestas,
es necesario observar el contexto en el que se desarrolla el conflicto.
En estos momentos existe un médico, adulto mayor, que
mantiene una huelga de hambre frente al Congreso del Estado. De acuerdo con el
testimonio difundido por él mismo en medios digitales, durante el viernes 29 de
mayo acudieron a verlo personas que se identificaron como paramédicos. Según su
interpretación, dichas personas pretendían revisarlo y trasladarlo a un
hospital, situación que él consideró un intento de justificar médicamente su
retiro del lugar donde realiza la protesta.
Por otra parte, el próximo lunes estallará la huelga
convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Aunque pudiera parecer un conflicto distante, dicha organización cuenta con
representación en Hermosillo y sus dirigentes han difundido públicamente sus
posicionamientos mediante videos y comunicados.
Estos hechos sugieren la conveniencia de analizar el
escenario político más amplio en el que se desarrollan los conflictos laborales
actuales. Desde esta perspectiva, puede interpretarse que existe un interés por
aislar a la CNTE, organización que representa un desafío político de alcance
nacional debido a su capacidad de movilización en distintos estados del país.
La situación de los sindicatos universitarios es diferente.
A diferencia de la CNTE, los trabajadores académicos de las universidades
públicas continúan sujetos a las limitaciones establecidas en el artículo 353-Ñ
de la Ley Federal del Trabajo, disposición que restringe significativamente la
posibilidad de construir formas de organización y coordinación de alcance
nacional.
Por ello, además de examinar las propuestas concretas
actualmente en discusión, resulta indispensable comprender el contexto
político, económico y laboral en el que se desarrolla este conflicto, así como
las correlaciones de fuerza que influyen en su negociación y eventual
desenlace.
La huelga actual no surgió de manera repentina. Es el
resultado de un proceso acumulativo de pérdida de poder adquisitivo, de
transformaciones graduales en las condiciones laborales y de una política
presupuestal que, durante décadas, ha privilegiado criterios macroeconómicos
por encima de la recuperación salarial de quienes sostienen las funciones
sustantivas de las universidades públicas. Comprender ese proceso resulta
indispensable para entender no sólo el conflicto presente, sino también los
desafíos que enfrentará la educación superior pública en los próximos años.
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