La huelga que pudo evitarse: salarios universitarios, presupuesto y una oportunidad perdida

 

 

La huelga que pudo evitarse: salarios universitarios, presupuesto y una oportunidad perdida

Al cierre de mayo de 2026, el proceso de huelga del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS) se ha empantanado en torno a pequeños movimientos de cifras aquí y allá. La realidad es que el tope salarial de 4 % permanece intacto.

Con ello, estamos dejando pasar la oportunidad de atender el problema de fondo: la pérdida sostenida del poder adquisitivo del personal académico mediante un acuerdo multianual que permita recuperar gradualmente los salarios reales.

En estas condiciones, entre septiembre y octubre de 2026 la Cámara de Diputados volverá a aprobar el aumento salarial que se aplicará en 2027. Lo hará, nuevamente, con base en la inflación estimada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Y si esa estimación vuelve a quedarse corta frente a la inflación real, la respuesta será la de siempre: ni modo.

El origen del problema

Por ser 2027 un año electoral, quizá el gobernador ya no afirme que la Universidad de Sonora no puede ser rehén de los sindicatos. Nosotros, por nuestra parte, volveremos a señalar que los universitarios somos víctimas de decisiones presupuestales injustas que se originan en la SHCP.

Esa dependencia continúa elaborando presupuestos bajo criterios heredados desde finales del siglo pasado: finanzas públicas "sanas", equilibrio macroeconómico, disciplina monetaria, altas tasas de interés, restricción del gasto, disciplina fiscal y preservación de la confianza de inversionistas y mercados financieros.

Es cierto que en años recientes se ha fortalecido la atención a sectores vulnerables de la población. Sin embargo, las universidades públicas han quedado relativamente relegadas. En paralelo, se han impulsado proyectos como las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García y la Universidad Rosario Castellanos para ampliar la cobertura educativa.

Mientras tanto, el problema de fondo permanece sin atenderse: los presupuestos universitarios siguen calculándose con base en una inflación esperada que, al cierre de cada año, suele ser superada por la inflación real debido a factores imprevistos. Como consecuencia, el poder adquisitivo del personal universitario continúa deteriorándose.

Durante la última década, el personal académico ha perdido aproximadamente 10 % de su poder adquisitivo. Si se toma como referencia 1990, la pérdida acumulada ronda el 40 %.

Una afectación que rebasa a la universidad

Desde la Secretaría de Hacienda parece ignorarse que las grandes universidades también funcionan como motores económicos urbanos. La pérdida sostenida del poder adquisitivo no sólo afecta a los profesores de manera individual; modifica gradualmente la economía completa del entorno universitario al reducir la circulación local de recursos.

Se trata de una observación clásica de la economía regional: las universidades, las minas, las grandes fábricas y los complejos industriales actúan como anclas económicas. Cuando los ingresos reales de quienes trabajan en ellas aumentan o disminuyen durante largos periodos, la economía circundante termina reflejándolo.

La naturaleza gradual de este proceso dificulta que los comercios y servicios locales adviertan lo que está ocurriendo. Un personal académico sometido a un proceso sostenido de empobrecimiento enfrenta crecientes dificultades para adquirir vivienda, ampliarla o mantenerla. También reduce gastos en alimentación fuera del hogar, compra de libros, contratación de servicios, consumo cultural, mantenimiento de vehículos y otras actividades que dinamizan la economía regional.

Con la pérdida de ese 40 % de poder adquisitivo también han perdido las cafeterías, librerías, papelerías, restaurantes, servicios médicos privados, talleres y pequeños negocios familiares vinculados indirectamente con la actividad universitaria.

La sociedad debería comprender que no existen razones suficientes para respaldar una política permanente de restricción presupuestal hacia las universidades públicas.

La precarización dentro de las universidades

Por otra parte, bajo el argumento de la autonomía universitaria, con frecuencia se permite que las administraciones actúen sin atender adecuadamente la seguridad laboral del personal académico.

Se observa crecimiento administrativo, políticas de reducción de costos inspiradas en lógicas empresariales, presión constante para ampliar la matrícula y un debilitamiento progresivo del modelo tradicional de profesor-investigador de tiempo completo.

Han proliferado los interinatos, las contrataciones temporales y la dependencia de sistemas de estímulos evaluativos que, en los hechos, sustituyen una parte del salario real.

Al mismo tiempo, la indolencia administrativa mantiene durante años a una masa creciente de profesores de asignatura y técnicos académicos en condiciones de incertidumbre laboral, aun cuando resulta evidente que la materia de trabajo existe y que la institución dispone de recursos suficientes para cubrir esos salarios.

En gran medida, ahí se encuentra el origen de las huelgas académicas en la Universidad de Sonora.

Una instrucción política incumplida

Durante su conferencia matutina del 15 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a una pregunta relacionada con la huelga en la Universidad de Sonora. Su respuesta implicó una instrucción política dirigida tanto al gobernador del estado como al subsecretario de Educación Superior de la SEP.

Más de quince días después, dicha instrucción no se había traducido en acciones concretas ni existían señales de supervisión efectiva. Todo apunta a que terminará convertida en una declaración más para salir del paso.

Para atender adecuadamente esa indicación presidencial habría sido conveniente instalar una mesa formal de negociación encargada no sólo de resolver el conflicto actual, sino también de prevenir los conflictos futuros.

La medida más eficiente habría consistido en integrar a esa mesa a los funcionarios señalados por la Presidenta, representantes sindicales debidamente acreditados y autoridades universitarias.

La oportunidad perdida

De esa manera habría sido posible diseñar un acuerdo multianual orientado a la recuperación gradual del poder adquisitivo real del personal académico, sustentado en un mecanismo de actualización salarial razonable y consensuado.

Asimismo, la autoridad universitaria está dejando pasar la oportunidad de resolver no sólo el conflicto presente, sino también aquellos que inevitablemente surgirán mientras continúe aplicándose la lógica de autorizar incrementos salariales basados en estimaciones inflacionarias que posteriormente resultan insuficientes.

El gobierno estatal, por su parte, también está desaprovechando la posibilidad de establecer, antes de 2027, un mecanismo de actualización salarial capaz de reducir estructuralmente una fuente recurrente de conflicto universitario.

De mantenerse las condiciones actuales, la política presupuestal seguirá reproduciendo tensiones que terminarán siendo enfrentadas una y otra vez tanto por las autoridades universitarias como por el propio gobierno estatal.