La huelga que pudo
evitarse: salarios universitarios, presupuesto y una oportunidad perdida
Al cierre de mayo de 2026, el proceso de huelga del
Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS) se ha
empantanado en torno a pequeños movimientos de cifras aquí y allá. La realidad
es que el tope salarial de 4 % permanece intacto.
Con ello, estamos dejando pasar la oportunidad de atender el
problema de fondo: la pérdida sostenida del poder adquisitivo del personal
académico mediante un acuerdo multianual que permita recuperar gradualmente los
salarios reales.
En estas condiciones, entre septiembre y octubre de 2026 la
Cámara de Diputados volverá a aprobar el aumento salarial que se aplicará en
2027. Lo hará, nuevamente, con base en la inflación estimada por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Y si esa estimación vuelve a quedarse
corta frente a la inflación real, la respuesta será la de siempre: ni modo.
El origen del problema
Por ser 2027 un año electoral, quizá el gobernador ya no
afirme que la Universidad de Sonora no puede ser rehén de los sindicatos.
Nosotros, por nuestra parte, volveremos a señalar que los universitarios somos
víctimas de decisiones presupuestales injustas que se originan en la SHCP.
Esa dependencia continúa elaborando presupuestos bajo
criterios heredados desde finales del siglo pasado: finanzas públicas
"sanas", equilibrio macroeconómico, disciplina monetaria, altas tasas
de interés, restricción del gasto, disciplina fiscal y preservación de la
confianza de inversionistas y mercados financieros.
Es cierto que en años recientes se ha fortalecido la
atención a sectores vulnerables de la población. Sin embargo, las universidades
públicas han quedado relativamente relegadas. En paralelo, se han impulsado
proyectos como las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García y la
Universidad Rosario Castellanos para ampliar la cobertura educativa.
Mientras tanto, el problema de fondo permanece sin
atenderse: los presupuestos universitarios siguen calculándose con base en una
inflación esperada que, al cierre de cada año, suele ser superada por la
inflación real debido a factores imprevistos. Como consecuencia, el poder
adquisitivo del personal universitario continúa deteriorándose.
Durante la última década, el personal académico ha perdido
aproximadamente 10 % de su poder adquisitivo. Si se toma como referencia 1990,
la pérdida acumulada ronda el 40 %.
Una afectación que rebasa a la universidad
Desde la Secretaría de Hacienda parece ignorarse que las
grandes universidades también funcionan como motores económicos urbanos. La
pérdida sostenida del poder adquisitivo no sólo afecta a los profesores de
manera individual; modifica gradualmente la economía completa del entorno
universitario al reducir la circulación local de recursos.
Se trata de una observación clásica de la economía regional:
las universidades, las minas, las grandes fábricas y los complejos industriales
actúan como anclas económicas. Cuando los ingresos reales de quienes trabajan
en ellas aumentan o disminuyen durante largos periodos, la economía circundante
termina reflejándolo.
La naturaleza gradual de este proceso dificulta que los
comercios y servicios locales adviertan lo que está ocurriendo. Un personal
académico sometido a un proceso sostenido de empobrecimiento enfrenta
crecientes dificultades para adquirir vivienda, ampliarla o mantenerla. También
reduce gastos en alimentación fuera del hogar, compra de libros, contratación
de servicios, consumo cultural, mantenimiento de vehículos y otras actividades
que dinamizan la economía regional.
Con la pérdida de ese 40 % de poder adquisitivo también han
perdido las cafeterías, librerías, papelerías, restaurantes, servicios médicos
privados, talleres y pequeños negocios familiares vinculados indirectamente con
la actividad universitaria.
La sociedad debería comprender que no existen razones
suficientes para respaldar una política permanente de restricción presupuestal
hacia las universidades públicas.
La precarización dentro de las universidades
Por otra parte, bajo el argumento de la autonomía
universitaria, con frecuencia se permite que las administraciones actúen sin
atender adecuadamente la seguridad laboral del personal académico.
Se observa crecimiento administrativo, políticas de
reducción de costos inspiradas en lógicas empresariales, presión constante para
ampliar la matrícula y un debilitamiento progresivo del modelo tradicional de
profesor-investigador de tiempo completo.
Han proliferado los interinatos, las contrataciones
temporales y la dependencia de sistemas de estímulos evaluativos que, en los
hechos, sustituyen una parte del salario real.
Al mismo tiempo, la indolencia administrativa mantiene
durante años a una masa creciente de profesores de asignatura y técnicos
académicos en condiciones de incertidumbre laboral, aun cuando resulta evidente
que la materia de trabajo existe y que la institución dispone de recursos
suficientes para cubrir esos salarios.
En gran medida, ahí se encuentra el origen de las huelgas
académicas en la Universidad de Sonora.
Una instrucción política incumplida
Durante su conferencia matutina del 15 de mayo, la
presidenta Claudia Sheinbaum respondió a una pregunta relacionada con la huelga
en la Universidad de Sonora. Su respuesta implicó una instrucción política
dirigida tanto al gobernador del estado como al subsecretario de Educación
Superior de la SEP.
Más de quince días después, dicha instrucción no se había
traducido en acciones concretas ni existían señales de supervisión efectiva.
Todo apunta a que terminará convertida en una declaración más para salir del
paso.
Para atender adecuadamente esa indicación presidencial
habría sido conveniente instalar una mesa formal de negociación encargada no
sólo de resolver el conflicto actual, sino también de prevenir los conflictos
futuros.
La medida más eficiente habría consistido en integrar a esa
mesa a los funcionarios señalados por la Presidenta, representantes sindicales
debidamente acreditados y autoridades universitarias.
La oportunidad perdida
De esa manera habría sido posible diseñar un acuerdo
multianual orientado a la recuperación gradual del poder adquisitivo real del
personal académico, sustentado en un mecanismo de actualización salarial
razonable y consensuado.
Asimismo, la autoridad universitaria está dejando pasar la
oportunidad de resolver no sólo el conflicto presente, sino también aquellos
que inevitablemente surgirán mientras continúe aplicándose la lógica de
autorizar incrementos salariales basados en estimaciones inflacionarias que
posteriormente resultan insuficientes.
El gobierno estatal, por su parte, también está
desaprovechando la posibilidad de establecer, antes de 2027, un mecanismo de
actualización salarial capaz de reducir estructuralmente una fuente recurrente
de conflicto universitario.
De mantenerse las condiciones actuales, la política
presupuestal seguirá reproduciendo tensiones que terminarán siendo enfrentadas
una y otra vez tanto por las autoridades universitarias como por el propio
gobierno estatal.
